En los últimos 10 años, Sonora ha generado una serie de
crecimientos económicos y sectoriales en materia inmobiliaria, acorde a cifras
oficiales de la entidad ese mercado estaría valuado en 80,000 millones de pesos
para el cierre de 2023, ya sea por su dinamismo (Sonora ocupa el lugar 17 en
demanda de propiedades y terrenos), o por las proyecciones del esperado
nearshoring para diversas plazas como Guaymas o Puerto Peñasco.
Pero en Puerto Peñasco, a decir de mucha gente, pareciera
que la familia Pivac, aprovechando un boom de crecimiento inmobiliario y su
posición en la política, "quiere hacer dinero mediante actos de
defraudación que podrían ascender hasta $100 millones de dólares a través de
una red de funcionarios y operadores para apropiarse de terrenos e
inmuebles".
Adicionalmente, Puerto Peñasco tiene una fuerte presencia de
residentes extranjeros por su cercanía con Arizona. Se trata de personas que
vienen a trabajar y/o vacacionar y adultos mayores (entre 65 a 80 años) que han
llegado y ven a la localidad como una opción para vivir su retiro. Acorde con
cifras oficiales la mayor parte de inmigrantes en esta localidad, 1,130
personas, en los pasados 5 años provienen de EUA.
Todos los extranjeros generan derrama económica local no
sólo en sus visitas sino también de manera formal con el pago de servicios e
impuestos qué, sin duda, contribuyen a
que Sonora tenga una IED de $2,706 millones de dólares proveniente
principalmente de EUA, el 8% del IED para todo México. Sin embargo, este ultimo
sector está integrado por personas que no residen todo el año en Puerto Peñasco
lo cual es visto por criminales como su oportunidad para despojarlos de sus
propiedades e inversiones.
Aunque por Ley, los extranjeros en México no pueden adquirir
propiedades en playa de forma directa, esta también incentiva que pueden crear
empresas mexicanas o de fideicomisos de garantía operados por instituciones
fiduciarias legalmente constituidas, lo cual está supervisado por CONDUSEF y el
Buró de Entidades Financieras.
Ante esta situación, según informes de fuentes dignas de
confianza exentas de ser reveladas, se ha detectado que la familia Pivac se
vale de operadores inmobiliarios como Roberto Trahin para acceder a documentos
e información que utilizan para generar registros de asambleas falsas,
falsificar firmas de propietarios y escrutadores, otorgarse poderes notariales
falsos y simular préstamos, para colocar como garantía las propiedades a robar.
Se trata de un mecanismo muy usado por grupos criminales dedicados al fraude
inmobiliario.
Es del dominio público el caso de Roberto Trahin porque dejó
evidencia del uso de tales mecanismos para comprometer una propiedad mediante
la solicitud de un préstamo a Jorge Pivac y Herlinda Pivac, para que una vez
ocurrido el adeudo incobrable del préstamo, pudiera embargar con dichos
artilugios ilegales, un predio propiedad de la empresa Coca & Hacth S.R.L.,
cuyos 16,000m2 están valuados aproximadamente en 5 millones de dólares.
La red de corrupción es señalada por las víctimas como
operación "de los Privac; una familia de funcionarios y políticos locales
que se han eternizado en el poder: Herlinda Pivac Carrillo, hoy candidata por
el PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Puerto Peñasco; su hermano Jorge
Pivac Carrillo, es el presidente municipal de Puerto Peñasco; también está el
esposo de Herlinda, Francisco Munro, quien fungió como presidente municipal de
esa localidad; y la prima de los Pivac, Cinthya Angulo Carrillo que está al
frente del Catastro Municipal. Los operadores son Adrián Valdez, el mencionado Roberto Trahin, diversos
corredores inmobiliarios y Notarios Públicos".
Existen diversas denuncia en torno a estos hechos que señalan 60 defraudaciones bajo esquemas
similares y hay diversas carpetas de investigación en que las víctimas son
extranjeros y en su mayoría ciudadanos americanos y canadienses.
Cabe señalar qué, como efecto de la mencionada migración,
desde el primer año de gestión de Jorge Pivac, el predial en la zona turística
de Puerto Peñasco se incrementó del 300% al 500%.
De acuerdo con fuentes gubernamentales de alzada, que han
tomado conocimiento del asunto, "el tema es más grave si se considera que
la mayoría de los afectados que se han atrevido a denunciar son ciudadanos
y personas morales de Estados Unidos,
mayores de edad", lo que podría implicar un conflicto diplomático para la
Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y Jorge Mendoza Yescas,
cónsul general de México en Arizona, estado norteamericano donde se concentra
la mayor parte de denunciantes, por no mencionar a Matthew P. Roth, Oficial
Principal y Cónsul General de los Estados Unidos con sede en Hermosillo.
